AUTÓNOMOS Y CORONAVIRUS

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Por Manuel Martín García

20 de marzo de 2.020.

A raíz del estado de alarma decretado por el Gobierno de España desde el pasado día 16 de marzo de 2.020, por razones de seguridad y preventivas, y atendiendo siempre a las medidas extraordinarias adoptadas por las autoridades, con la finalidad de evitar la propagación del contagio del Covid-19, el día 18 de marzo de 2.020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social. Se pretende con ello, principalmente, apoyar la lucha contra la pandemia, pero también establecer un régimen de protección de los trabajadores, de las familias y colectivos más vulnerables y mitigar los efectos negativos de la perturbación conjunta de demanda y oferta en la actividad económica y productiva del país, y el mantenimiento del empleo.

Varias son las medidas que se han dictado, pero sólo una de ellas será objeto de análisis en este artículo. Nos referimos hoy a la “Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COV-19” y más concretamente, a las prestaciones de los autónomos, que se recogen en el artículo 17 del Real Decreto-ley. A lo largo de estas líneas se intentará escapar de valoraciones críticas acerca de la bondad o maldad de tales medidas, las cuáles para algunos son acertadas y para otros son fruto de la improvisación. En todo caso, se deja al lector la libertad de enjuiciarlas en base a su sana crítica, limitándonos sólo a realizar una breve y modesta explicación, siendo conscientes de que lo que hoy quede escrito, mañana pueda no tener ningún valor, como consecuencia de los vaivenes de nuestro gobierno.

Con carácter previo, es preciso señalar que estas medidas únicamente van dirigidas a dos categorías de trabajadores por cuenta propia o autónomos: 1) aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos cuya actividad profesional o económica queden suspendidas – por encontrarse dentro de aquéllas cuya apertura al público queda suspendida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto -; y 2) aquéllos a los que la facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida en al menos un setenta y cinco por ciento en relación con el promedio de la facturación del semestre anterior. Éstos, junto con todos aquellos socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por inscribirse como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda, son los únicos identificados como potenciales beneficiarios.

Esta exclusividad suscita varias dudas. La primera si efectivamente todos los trabajadores autónomos que se encuentren en alguno de los casos indicados tienen derecho automático a dicha prestación.

La respuesta a esta pregunta ha de ser en sentido negativo, a tenor del contenido del propio artículo 17, el cual, además de las circunstancias ya mencionadas (suspensión de la actividad o reducción en un setenta y cinco por ciento de la facturación respecto al promedio de su facturación del semestre anterior), impone el cumplimiento de los siguientes tres requisitos:

a) El solicitante deberá estar afiliado y en situación de alta en la fecha de declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
b) En aquellos casos en los que su actividad no se suspenda directamente por aplicación del RD 436/2020, de 14 de marzo, deberán acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un setenta y cinco por ciento de la alcanzada en el semestre anterior.
c) Por último, deberán hallarse al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social en el momento de la solicitud, si bien el Decreto establece una excepción a la regla general, de modo que de no cumplir este requisito, contarán con un plazo improrrogable de treinta días naturales para ingresar esas cuotas impagadas. En este caso, la regularización de la situación producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la prestación.

Hasta aquí lo que dice el Real Decreto-ley. No obstante, y a raíz de las reivindicaciones elevadas al Gobierno por los autónomos, se espera que el ejecutivo flexibilice las condiciones de acceso al cese de la actividad. En este sentido, se espera que quienes se hayan visto obligados a cerrar su actividad por causa de fuerza mayor puedan solicitar la prestación por cese de actividad únicamente con una declaración jurada. El resto de los autónomos deberá hacerlo mediante la acreditación de la caída de su facturación de la actividad de, al menos, un setenta y cinco por ciento. De este modo – y siempre que los rumores se confirmen y el Gobierno sea sensible a las peticiones-, el derecho a la prestación se reconocerá a todos los autónomos, con independencia de la forma jurídica en la que se hayan constituido, y sin que tengan que formalizar la baja en Hacienda y en la Seguridad Social.

A mayor abundamiento, aquéllos autónomos con tarifa plana (bonificación disponible en el RETA para trabajadores por cuenta propia, que supone una rebaja importante en la cuota mensual que debe pagarse a la Seguridad Social, al menos durante los dos primeros meses de actividad), también pueden beneficiarse de esta prestación por el cese de la actividad, sin que pierdan dicha bonificación cuando finalice el estado de alarma. Quiere ello decir que una vez finalice el estado de alarma podrán continuar disfrutando de esa bonificación por el tiempo que restase hasta su total vencimiento.

De cumplirse todos los requisitos anteriores, los autónomos cuyas actividades queden suspendidas pueden solicitar esta prestación extraordinaria, por el cese de actividad. Esta prestación tendrá vigencia limitada a un mes, contado a partir de la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma. En el supuesto de que esta situación se prolongue, el plazo se ampliará hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma. En otras palabras, la prestación tendrá una duración limitada a un mes, salvo que se hubiera ampliado el estado de alarma, en cuyo caso, llegará hasta el último día del mes en el que se decrete la finalización del estado excepcional.

La cuantía de la prestación por cese de actividad será del setenta por ciento de la base reguladora, calculada conforme al artículo 339 de la Ley General de la Seguridad Social. Por lo tanto, esa base se calcula como el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese. En el caso del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, sobre la totalidad de la base de cotización por esta contingencia, sin aplicación de los coeficientes correctores de cotización sin tener en cuenta los períodos de veda obligatoria aprobados por la autoridad competente en el cómputo de los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal del cese de la actividad, siempre y cuando en esos períodos de veda no se hubiera percibido la prestación por cese de actividad. En uno y otro caso, el trabajador por cuenta propia o autónomo estará cotizando durante la duración del estado de alarma, por cuanto se mantiene el alta en la Seguridad Social.

En lo que se refiere a los requisitos meramente formales, la solicitud se tramitará ante las entidades a las que se refiere el artículo 346 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Por lo tanto, con carácter general se habrán de dirigir a las mutuas con quienes los trabajadores autónomos hayan formalizado el documento de adhesión. No obstante, si el autónomo tiene cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con una entidad gestora de la Seguridad Social, la tramitación de la solicitud y la gestión de la prestación por el cese de la actividad corresponderá en el ámbito del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, al Instituto Social de la Marina; y en el ámbito del Régimen Especial de los Trabajadores por cuenta propia o autónomos deberán tramitarlas ante el Servicio Público de Empleo Estatal.

Por último, recordamos a todos aquéllos que estén pensando en solicitar la ayuda, que su percepción es incompatible con cualquier otra prestación del Régimen de Seguridad Social.

Descuento de retrasos en el control de jornada laboral

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Las empresas que registren el control de jornada laboral, podrán descontar del salario de sus empleados los minutos que se retrasen en fichar al incorporarse a su puesto de trabajo.

(SAN, Sala de lo Social, de 20 de junio de 2019, núm. 82/2019)

                La Confederación General del Trabajo (C.G.T.) presentó una demanda (a la que se adhirieron el resto de organizaciones sindicales comparecientes, entre ellas CC.OO. y U.G.T.), unos días antes de que el pasado 12 de mayo entrase en vigor la obligación por parte de todas las empresas de registrar la jornada diaria de sus empleados, contra la empresa de call center, Atento Teleservicios España, S.A., solicitando que se declarase contraria a derecho la práctica empresarial consistente en descontar directamente de las nóminas de sus empleados el equivalente al tiempo del retraso en el fichaje de entrada, además de sancionarles cuando este hábito se daba reiteradamente, defendiendo la existencia de una doble sanción a los trabajadores, imponiéndoseles por una misma conducta dos castigos: la multa en la retribución y una posible sanción disciplinaria. Amparándose en que dicha actuación entraña una multa de haber encubierta proscrita por el artículo 58.3 del E.T. por la que se penaliza a los trabajadores directamente en el salario por realizar mal su trabajo.

                Igualmente, las pretensiones de la acción instaban a que les fueran abonados a los trabajadores afectados, las diferencias salariales una vez se les había descontado directamente de las nóminas mensuales los retrasos en el fichaje de entrada, entendiendo que en todo caso debería habérsele permitido compensar estos retrasos con otros periodos de trabajo, tal y como se hace cuando un empleado prolonga su jornada más allá de lo establecido.

                Tras analizar el Convenio de Atento Teleservicios España, S.A. y la normativa aplicable, la Audiencia Nacional concluye “que si bien en el convenio se establece un cómputo anual de la jornada, la distribución irregular de la misma se otorga al empleador” tanto por el Convenio como por el Estatuto de los Trabajadores, toda vez que “es una facultad que deriva del poder de dirección y organizador del trabajo” y lo contrario implicaría hacer de peor condición al trabajador que previo aviso se ausente unas horas del trabajo para disfrutar de un permiso no retribuido, al perder su derecho a la retribución con relación a aquel que sin causa justificativa alguna simplemente llega tarde a su puesto de trabajo.

                Entiende la Audiencia que la práctica empresarial que se impugna, en modo alguno supone la imposición de la referida multa de haber, ya que en virtud del carácter bilateral y sinalagmático del contrato de trabajo cuando no existe una efectiva prestación de servicios por parte del trabajador, no se devenga salario alguno, más allá de los supuestos previstos legal o convencionalmente: permisos retribuidos o vacaciones (artículos 37 y 38 del E.T.), o falta de ocupación efectiva imputable al empleador (artículo 30 del E.T.); concretando que en el Convenio Colectivo se distinguen tres tipos de ausencias: las justificadas y retribuidas, las justificadas y no retribuidas y las no justificadas, por lo que no tendría sentido que si no se remuneran algunos tipos de ausencias sí justificadas, lo hagan las que no lo están.

                Finalmente, el fallo de la Sentencia señala que los empleados no podrán compensar estos retrasos saliendo más tarde o entrando antes otro día, ni siquiera cuando el Convenio fije una jornada anual. Y en cuanto al hecho de que la empresa sancione con amonestaciones, suspensiones de empleo y sueldo, o bien con despidos, las ausencias y retrasos injustificados de los trabajadores, a la vez que detrae de sus salarios los que se hubieran devengado de haber existido una efectiva prestación de servicios, en ningún caso han de suponer una doble sanción para los empleados, por cuanto que la detracción de sus salarios obedece al lógico desarrollo dinámico de un contrato de naturaleza bilateral y sinalagmática como es el de trabajo, sin que implique el ejercicio de potestad disciplinaria alguna, mientras que las referidas sanciones obedecen al legítimo ejercicio de la potestad disciplinaria prevista legal y convencionalmente.

MARTÍN GÓMEZ ABOGADOS firma un acuerdo de prestación de servicios jurídicos con el FC PORTO.

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Martín Gómez Abogados asumirá la defensa jurídica del FC PORTO en una reclamación formulada contra el club luso ante los Juzgados de lo Social de Vigo.

La firma del acuerdo de prestación de servicios jurídicos, que tuvo lugar en las instalaciones del Estàdio do Dragão, en Porto, contó con la presencia de los administradores del club porteño, Don Adelino Sá e Melo Caldeira y Don Fernando Manuel Dos Santos Gomes, así como con los socios de Martín Gómez Abogados, Don Manuel Martín Gómez y Manuel Martín García.

Tras la firma, Manuel Martín afirmó que “el hecho de colaborar con un club como el FC Porto supone un reto muy especial para el despacho. Estamos muy orgullosos de que uno de los mejores clubes de Europa cuente con nuestros servicios y esperamos devolver esa confianza con éxitos en los asuntos encomendados a nuestra firma”.

Desde Martín Gómez Abogados queremos agradecer el trato y la confianza depositada en nosotros por el FC PORTO, y deseamos que esta relación profesional permita celebrar juntos los éxitos deportivos y profesionales de ambas entidades

EXENCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE MATERNIDAD

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado recientemente una novedosa y polémica Sentencia que viene a contradecir el criterio tradicional de la Agencia Tributaria, al declarar que las prestaciones por maternidad que abona la Seguridad Social a las trabajadoras que disfrutan del período de baja por tal motivo, están exentas del IRPF.

Como es bien sabido, cuando una trabajadora da a luz, la ley le concede un período de baja de hasta 16 semanas. Durante ese tiempo, es la Seguridad Social la que abona su sueldo a través de la prestación por maternidad, en una cantidad equivalente a la base de cotización. Pues bien, la Agencia Tributaria entiende que esta ayuda percibida por la trabajadora es un rendimiento de trabajo y, como tal, debe tributar en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. La Justicia, sin embargo, a través de la Sentencia del TSJ de Madrid ha entendido lo contrario y en la Sentencia se declara que la prestación por maternidad es una renta exenta, según la Ley del IRPF.

La razón de criterios tan dispares se encuentra en la interpretación que se le da al artículo 7, apartado h) de la Ley del IRPF. Este precepto, bajo el título “Rentas exentas”, dispone que “Estarán exentas las siguientes rentas: (…) h) Las prestaciones familiares reguladas en el Capítulo IX del Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.

Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las previstas en el párrafo anterior por la Seguridad Social para los profesionales integrados en dicho régimen especial. La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas.

Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad.

También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales.”

La Agencia Tributaria ha venido entendiendo que si ambas exenciones se encuentren separadas, ello implica una diferenciación que quiere decir que sólo están exentas las prestaciones por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales. El Tribunal, por su parte, entiende que la prestación por maternidad percibida de la Seguridad Social ha de recibir el mismo tratamiento fiscal que las percibidas por las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, y por lo tanto, también está exenta de tributación en el IRPF.

A pesar del dictado de esta Sentencia, es preciso indicar a los lectores que ésta no es firme, y que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Por lo tanto, será el Alto Tribunal el que se encargue de dar una solución definitiva a esta cuestión, mediante la Sentencia que en su día pronuncie, que será la que siente jurisprudencia. Mientras esto no ocurre, el consejo que debemos dar a todas aquellas trabajadoras que hayan sido madres este año o que lo sean antes de la resolución judicial del Tribunal Supremo, es que tributen por la prestación por maternidad para evitar la imposición de sanciones por parte de Hacienda.

Si después de eso quisieran intentar recuperar el importe del IRPF abonado de más, podrán iniciar el procedimiento de rectificación de autoliquidación del IRPF, con la finalidad de conseguir la devolución de ingresos indebidos. Obviamente, no es difícil entender que la Administración Tributaria rechazará inicialmente esa solicitud. Ante esa situación, dispondrán del derecho a formular ante el Tribunal Económico-administrativo de la Comunidad Autónoma correspondiente, una reclamación económico-administrativa, y sólo en caso de desestimación de la misma, podrán acudir a la Jurisdicción ordinaria, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.

Desde Martín Gómez Abogados se recomienda, no obstante, ser cautos y esperar a la resolución que el Tribunal Supremo dicte en este tema. Sin embargo, la cautela no se debe confundir con el olvido, y se aconseja iniciar el procedimiento de rectificación antes del día 30 de junio de 2.017, para evitar la prescripción del derecho a la devolución de las prestaciones hasta el año 2.012.

EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES EN GALICIA.

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EL ISD EN GALICIA SE REGULA A TRAVÉS DEL DECRETO LEEL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES EN GALICIA.LATIVO 1/2011, DE 28 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS POR EL ESTADO

Debido a la entrada en vigor a parte del 1 de enero de 2016, de la Ley 13/2015, de 24 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, debe indicarse que las reducciones aplicables a dicho impuesto y que se pasan a relacionar a continuación, lo son para hechos imponibles devengados a partir de dicha fecha (es decir, fallecimientos o donaciones a partir de la entrada en vigor de dicho texto legal).

En Cuanto a las adquisiciones “mortis causa”, se establecen en nuestra Comunidad Autónoma las siguientes reducciones:

a.- Reducciones de carácter subjetivo (artículo 6), que suponen una mejora con respecto a las mismas reducciones establecidas por la normativa estatal y sustituyen a éstas.

a.1-. Reducción por parentesco: Grupo I: adquisiciones por descendientes y adoptados menores de 21 años, 1.000.000€, más 100.000 euros por cada año menos de 21 que tenga el causahabiente, con un límite de 1.500.000€; Grupo II: adquisiciones por descendientes y adoptados de 21 años o más y menores de 25, 900.000 euros, menos 100.000 euros por cada año mayor de 21 hasta 24; de 25 años o más, cónyuges, ascendientes y adoptantes: 400.000 euros; Grupo III: adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado, y ascendientes y descendientes por afinidad: 8.000 euros; Grupo IV: en las adquisiciones por colaterales de cuarto grado, grado más distante y extraños, no habrá lugar a reducción.

a.2- Reducción por discapacidad: Grado de minusvalía igual o superior al 33% e inferior al 65%: Reducción de 150.000 €; Grado de minusvalía igual o superior al 65%: Sujeto pasivo perteneciente al grupo I y II con patrimonio preexistente que no exceda de 3.000.000 € Reducción del 100% da base imponible. Sujeto pasivo perteneciente al grupo I y II con patrimonio preexistente que si excede de 3.000.000 € Reducción de 300.000 €. Sujeto pasivo perteneciente a los grupo III Y IV: Reducción de 300.000 €.

a.3- Reducción por la adquisición de las indemnizaciones del síndrome tóxico y por actos de terrorismo (reducción propia de la Comunidad Autónoma). Reducción del 99% de los importes percibidos, por indemnizaciones satisfechas por las administraciones públicas a las personas herederas de los afectados por síndrome tóxico, con independencia de las otras reducciones que procedan, teniendo la misma carácter retroactivo.

b.- Reducciones de carácter objetivo (art. 7). Dichas reducciones, salvo la correspondiente a la vivienda habitual, son propias de la comunidad autónoma y serán incompatibles, para una misma adquisición, entre sí y con la aplicación de las reducciones estatales reguladas en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre.

b.1- Reducción por adquisición de vivienda habitual , desde un 99% (para inmuebles hasta 150.000 euros), hasta 97 o 95% (desde 150.000,01 a 300.000 y más de 300.000 euros respectivamente). Cuando la adquisición corresponda al cónyuge, la reducción será de 100%. El límite de la reducción es de 600.000€. Se han de cumplir una serie de requisitos establecidos en dicho artículo.

b.2- Reducción por la adquisición de bienes y derechos afectos a una actividad económica y de participaciones en entidades. Reducción del 99% del valor de una empresa individual o de un negocio profesional, o de participaciones en entidades o de derechos de usufructo sobre los mismos, cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley.

b.3- Reducción por la adquisición de explotaciones agrarias y de elementos afectos. Reducción del 99% del valor de una explotación agraria situada en Galicia o de derechos de usufructo sobre ésta, cuando concurran las circunstancias prevista en la Ley.

b.4- Reducción del 99% del valor de elementos de una explotación agraria situada en Galicia o de derechos de usufructo sobre éstos cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley.

b.5- Cuando en la base imponible de una adquisición mortis causa esté incluido el valor de fincas rústicas ubicadas en Galicia o de derechos de usufructo sobre estas, se practicará una reducción del 99 % del mencionado valor cuando dichas fincas sean transmitidas en el plazo de seis meses por el adquirente mortis causa a quien tenga la condición de persona agricultora profesional en cuanto a la dedicación de trabajo y procedencia de rentas y sean bien titulares de una explotación agraria a la cual queden afectos los elementos que se transmiten o bien personas socias de una sociedad agraria de transformación, cooperativa de explotación comunitaria de la tierra o sociedad civil que sea titular de una explotación agraria a la que queden afectos los elementos que se transmiten. La transmisión podrá realizarse también directamente a estas últimas sociedades o al Banco de Tierras de Galicia, con los mismos requisitos de plazos señalados anteriormente. El tiempo de afectación de las fincas o derechos transmitidos no podrá ser inferior a cinco años.

A estos efectos, se equipara la transmisión a la cesión por cualquier título que permita al cesionario la ampliación de su explotación agraria. También se tendrá derecho a la reducción si las fincas están ya cedidas a la fecha de devengo y si dicha cesión se mantiene en las condiciones señaladas anteriormente.

b.6- Reducción por la adquisición de fincas rústicas incluidas en la Red gallega de espacios protegidos. Se establece una reducción del 95% del valor de fincas rústicas de dedicación forestal ubicadas en terrenos incluidos en la Red gallega de espacios protegidos, y siempre que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes o colaterales, por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive del causante.

b.7- Reducción por la adquisición de fincas forestales que formen parte de la superficie de gestión y comercialización conjunta de producciones que realicen agrupaciones de propietarios forestales dotadas de personalidad jurídica. Reducción del 99% del valor de parcelas forestales que formen parte de la superficie de gestión y comercialización conjunta de producciones que realicen agrupaciones de propietarios forestales dotadas de personalidad jurídica siempre que se mantenga la propiedad por el plazo, contenido en los estatutos sociales, que reste para el cumplimiento del compromiso de la agrupación de permanencia obligatoria en la gestión conjunta de las parcelas. Para la aplicación de esta reducción se deberá acompañar a la declaración del impuesto los justificantes expedidos por la Consellería competente en materia del Medio Rural que acrediten la inclusión de dichas fincas en la agrupación de propietarios forestales.

b.8- Reducción por la adquisición de bienes destinados a la creación o constitución de una empresa o negocio profesional. Se establece una reducción del 95% de la base imponible del impuesto en las adquisiciones mortis causa, por hijos e hijas y por descendientes, de cualquier tipo de bien destinado a la constitución o adquisición de una empresa o negocio profesional, con un límite de 118.750 euros. En caso de que el/la causahabiente acreditase un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, el límite será de 237.500 euros. Este límite es único y se aplica en el caso de una o varias adquisiciones mortis causa, siempre que sean a favor de la misma persona, provengan de uno o de distintos ascendientes.

b.9- Reducción por la adquisición de bienes y derechos afectos a una actividad económica, de participaciones en entidades y de explotaciones agrarias en los pactos sucesorios. (art. 8).

En cuanto a la tarifa aplicable en el impuesto gallego, el art. 9 del Texto Refundido establece mejoras en cuanto a la tarifa estatal, en su art. 9, al cual nos remitimos. Lo mismo cabe apreciar de la cuota tributaria (art. 10), que establece unos factores más beneficiosos.

c.- Deducción en la cuota tributaria. Se establece una deducción para adquisiciones mortis causa por sujetos pasivos del Grupo I, de 99% del importe de la cuota, en las adquisiciones mortis causa, incluidas las cantidades percibidas por las personas beneficiarias de seguros sobre la vida.

En cuanto a las adquisiciones “inter vivos” (donaciones), se establecen las siguientes reducciones:

a.- Reducción del 95% en la base imponible en las donaciones a hijos y descendientes de dinero destinado a la adquisición de su vivienda habitual, siendo el donatario menor de 35 años, la donación no mayor de 60.000 euros, formalizada en escritura pública, y la vivienda ubicada en Galicia.

b.- Reducción del 99% del valor de adquisición de una empresa individual o de un negocio profesional o de participaciones en entidades.

c.- Reducción del 99% en los casos de transmisiones de una explotación agraria ubicada en Galicia o de derechos de usufructo sobre la misma, siempre y cuando concurran las condiciones establecidas legalmente para su aplicación.

Reducción del 99% del valor de parcelas forestales que formen parte de la superficie de gestión y comercialización conjunta de producciones que realicen agrupaciones de propietarios forestales dotadas de personalidad jurídica (es el supuesto de los Montes Vecinales en Mano Común).

d.- Reducción por la adquisición de bienes destinados a la creación de una empresa o negocio profesional. Dicha reducción será de un 95% de la base imponible en donaciones a hijos y descendientes de cualquier tipo, hasta un límite de 118.750 euros (237.500 euros en caso de que el donatario sea discapacitado igual o sup. al 33%).

En definitiva, lo interesante a efectos de esta reforma ya en vigor, por los efectos económicos que tendrá en el bolsillo de los herederos, es la ampliación del límite de reducción por parentesco (Grupo I) así como las adquisiciones hereditarias de vivienda habitual, ya que conforman el mayor porcentaje de casos, lo que evitará que a la hora de liquidar el impuesto, el contribuyente se vea condicionado a tratar de minusvalorar la herencia percibida, lo que en muchas ocasiones acaba generado un doble disgusto al recibir notificación de liquidaciones complementarias por comprobación de valores de los bienes heredados.

DOS AFECTADOS DE TRAMPOLÍN HILLS GOLF RESORT (CAMPOS DEL RÍO) CONSIGUEN RECUPERAR SU DINERO.

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 LA JUSTICIA CONSOLIDA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR ADQUIRIENTE DE VIVIENDA EN PLANO QUE ANTICIPÓ SU DINERO A CUENTA DE UNA VIVIENDA QUE NUNCA LLEGARÁ.

Son los dos primeros afectados de los 1500 que consiguen recuperar su dinero.

GRUPO LAWYER CONSIGUE LAS DOS PRIMERAS SENTENCIAS A FAVOR DE LOS AFECTADOS DE TRAMPOLIN HILLS GOLF RESORT – CAMPOS DEL RÍO.thill1opti

Julio César Arnáiz y Susana Santamaría resumen brevente lo acontecido : “Nunca se siente más cercana la Justicia que cuando se necesita y en este sentido, los Jueces y Magistrados españoles están dando el do de pecho en protección de los derechos de los consumidores, parte débil en la contratación con grandes empresas. Eso también es democracia, y de la buena.”

El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Valencia ha dictado sentencia esta mañana condenando a Caixabank, S.A. entidad avalista de Trampolín Hills Golf Resort a reintegrar a dos compradores que entregaron 25.260 euros y 31.000 euros por sus viviendas en la promoción Trampolín Hills Golf Resort en Campos del Río (Murcia)

Estos dos afectados, de Barcelona y Zaragoza, representados por los abogados especialistas de Grupo Lawyer, Susana Santamaría Santamaría y Julio César Arnáiz Hoyos, son dos de los más de 1500 compradores que adelantaron su dinero por una vivienda en Campos del Río (Murcia) que la promotora Trampolín Hills Golf Resort nunca llegó a realizar.

Después de las charlas informativas sobre los derechos del consumidor que Grupo Lawyer realizó principalmente en Madrid y Murcia durante el pasado año explicando los derechos que tienen los compradores de vivienda, estos dos afectados decidieron interponer una demanda el  Juzgado de Primera Instancia de Valencia reclamando el dinero que habían adelantado, más los intereses legales. Concretamente, estos clientes solicitaron el reintegro del dinero a la entidad avalista “Caixabank” de la promoción que Trampolín quería realizar en Campos del Río.

thills2-optiJulio César Arnáiz y Susana Santamaría, abogados especialistas que cooperan con Grupo Lawyer, argumentan que la Ley 57/68 protege al consumidor y obliga al banco a garantizar el dinero entregado a cuenta para viviendas sobre plano. Caixabank tiene avales por solo 6 millones de euros de los 53,5 millones que dieron los compradores, pero según ha dejado claro el Tribunal Supremo en otros fallos, la cantidad avalada tiene que cubrir las cantidades aportadas y si esto no es así el avalista tiene que hacerse responsable de ello, explica Julio César.

El juzgado estimó la demanda de estos afectados y ha condenado a la entidad bancaria avalista a reintegrar a estos clientes 56.260 euros que pagaron por unas casas que nunca se construyeron más los intereses legales.

 Grupo Lawyer actualmente está representando a más de 300 afectados de Trampolín y espera que todos y cada uno de ellos puedan conseguir recuperar el dinero que aportaron para una vivienda que nunca se construyó.

Mediación en los accidentes de tráfico

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Con la entrada en vigor de la Ley 35/2.015 de 22 de septiembre, se introduce la Mediación como procedimiento para solucionar los conflictos que se producen a la hora de valorar los daños y perjuicios causados a personas en accidentes de circulación.

                Con carácter general, la mediación es un sistema de resolución de conflictos de carácter voluntario, que cuenta con la imprescindible asistencia de un tercero imparcial, un mediador, que favorecerá, nunca impondrá, la obtención libre de un mutuo acuerdo entre dos partes durante una o varias sesiones según el tipo de controversia y el avance en la determinación del mismo. Dichas sesiones se desarrollarán en un espacio apto y cómodo para manifestar libremente las peticiones de ambas partes, fuera del rigor jurídico y sin un tiempo de duración tasado.

                A partir del 1 de enero de 2.016, con anterioridad a la interposición judicial, la víctima debe comunicar a la entidad aseguradora del causante del hecho lesivo la indemnización por los perjuicios soportados y -aunque la Ley no lo especifica- debe asegurarse de que la comunicación sea recibida. Esta reclamación extrajudicial interrumpe el plazo de vencimiento para la acción civil.

 Tres meses después de la recepción de esta reclamación, la entidad aseguradora puede, o bien realizar una oferta, o comunicar su disconformidad a través de una respuesta motivada. Cuando la reclamación sea rechazada o la víctima no esté conforme con el importe ofrecido por la compañía, esta tiene un plazo máximo de dos meses, desde la recepción de la respuesta, para solicitar la celebración de una sesión informativa ante el mediador habilitado.

 –       El mediador debe ser un profesional especializado en responsabilidad civil en el ámbito de la circulación y en el sistema de valoración previsto en la Ley 35/2015.

–       Se accede a los servicios de mediación a través de un despacho de abogados o bien recurriendo a los Institutos de Mediación o Colegios de Abogados, ambos disponen de un registro de Mediadores.

–       Será el mediador, una vez admitida la solicitud, el que cite a las partes.

–       El mediador recordará que se trata de un proceso voluntario, no superior a tres meses.

–      La mediación será evaluativa. El mediador evaluará el conflicto e intentará acercar posturas, pero no es un asesor, sólo velará por el asesoramiento de las dos partes que siempre debe proceder de sus abogados.

–       El acuerdo alcanzado será vinculante y de obligado cumplimiento.

La indemnización se realizará tomando como base toda la información médica asistencial, pericial o de cualquier otro tipo  que permita la cuantificación del daño, como por ejemplo atestados e informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que recojan las circunstancias del accidente, el hecho causante y la identificación del autor.

Cuando existe disconformidad en el importe, la propia Ley prevé que las dos partes puedan solicitar informes periciales complementarios, incluso al Instituto de Medicina Legal, bien de común acuerdo a costa del asegurador o bien unilateralmente a costa del solicitante.

 Las principales consecuencias de someterse al sistema de mediación son:

                – El desarrollo de las sesiones de mediación se realiza en un ambiente cómodo y ajeno a un escenario judicial por lo que se suprime la ansiedad y la inquietud por acudir a un juicio.

                – El mediador  no juzga ni decide sobre la indemnización o los términos del acuerdo.

                – La solución alcanzada tras las sesiones responderá a los intereses de ambas partes y se abre la vía a que el causante del daño pueda mostrar su arrepentimiento.

                – Además, el acuerdo en la mediación reduce el plazo de recepción de la indemnización para el perjudicado que no tendrá que esperar los tiempos de una contienda judicial.

 En definitiva, la mediación busca una solución satisfactoria tanto para la víctima como para las entidades aseguradoras que discrepen, incidiendo en una modificación de conducta, ya que no sólo se gestiona el conflicto presente, sino posibles relaciones futuras. Reduce además el colapso en el ámbito civil. A modo de ejemplo, en el ámbito de Derecho de Familia, la mediación ha conseguido evitar un gran número de procedimientos judiciales.